Mantener la suspensión de las pruebas SIMCE para el año 2021, analizar si éstas deben mantenerse en el año 2022 y avanzar hacia la instalación de la evaluación formativa como eje central de la política pública en educación. Estas son algunas de las recomendaciones del informe titulado “Recomendaciones para una evaluación pertinente en tiempos de crisis”, que fue elaborado por 35 investigadores e investigadoras de universidades del país, así como 62 docentes de diversas comunidades educativas.
El informe fue presentado por la académica del IE, Beatriz Fernández, este lunes 5 de julio, en un webinar que fue inaugurado por la directora del IE y del CIAE, Alejandra Mizala; y por el decano de la Facultad de Educación de la UC, Alejandro Carrasco. Y en el que participaron Camila Rojas, Diputada de la República; Tamara Contreras, Directora de la Escuela Domingo Santa María, de Renca; y Rodrigo Bravo, Director del Colegio Artístico Santa Teresa de Machalí. Moderó la investigadora del CIAE, Pilar Reyes.
El documento, que es parte de la mesa de trabajo interuniversitario COVID-19, contiene recomendaciones para la política educativa nacional y local, recomendaciones para la gestión de escuelas en pos de una evaluación formativa y orientaciones para la evaluación de aula. En ese sentido, señala que es urgente abordar las crecientes brechas de aprendizajes que se generan producto de la pandemia, conocer la heterogeneidad de los contextos en los cuales viven los/as estudiantes y motivar a los y las estudiantes para que se involucren y comprometan con sus aprendizajes.
¿Cómo abordar estas brechas de aprendizajes? El informe es claro y apunta que la clave es avanzar urgentemente hacia la evaluación formativa, la que permite abordar los desafíos que dejará la pandemia, ya que tiene el potencial de generar mayor motivación y compromiso de los/as estudiantes con sus aprendizajes, pone el foco en la retroalimentación de los procesos de aprendizaje y el uso de evidencia para orientar la práctica docente. La evaluación formativa es un proceso de evaluación continuo en el cual la información obtenida se utiliza para tomar decisiones de enseñanza y contribuir al aprendizaje de los estudiantes, y no únicamente para clasificarlos o certificarlos.
“La evaluación formativa es notoriamente más relevante para el aprendizaje de las y los estudiantes. Asimismo, se puede decir que entrega más retroalimentación que es más pertinente e inmediata, y permite tomar decisiones pedagógicas fundadas en lo que el estudiante sabe y como potenciarlo, y no necesariamente en aquello que no sabe”, dice Patricia Guerrero, académica de la Facultad de Educación UC.
Beatriz Fernández, académica del IE y una de las coordinadoras del informe, agrega que "las ideas y ejemplos sobre evaluación formativa contenidos en el informe pueden ser útiles para abordar los principales desafíos educativos derivados del contexto de pandemia, generando mayor motivación y compromiso de los estudiantes con su aprendizaje, y generando información para mejorar las prácticas de enseñanza en función del progreso y condiciones de cada estudiante”.
En este sentido, el informe recomienda avanzar hacia una política nacional que otorgue más espacio a la evaluación formativa, desarrollando tanto iniciativas como discursos que permitan orientar las prácticas de aula y el desarrollo de evaluaciones progresivas, como la que ya ha aplicado la Agencia de la Calidad.
“Una política nacional que otorgue más espacio a la evaluación formativa necesariamente debe alejarse de los propósitos de clasificación y jerarquización de los/as estudiantes, ya sea con fines de ordenamiento interno en los establecimientos o en niveles de educación futuros”, dice el reporte. Es en ese contexto, en que las/os autoras/es de este Informe recomiendan mantener la suspensión del SIMCE para 2021 y analizar su mantención para 2022, para facilitar el camino hacia la evaluación formativa. Se deben hacer las “acciones necesarias para disminuir la presión a equipos directivos, docentes y estudiantes y sus familias por el rendimiento en las pruebas estandarizadas y promover un despliegue que permita enfocarse en el desarrollo de aprendizajes de cada estudiante, o innovar en evaluación formativa a nivel local” dice el reporte.
El reporte también se refiere al rol que le cabe a los directivos en la promoción de la evaluación como parte integral de la práctica pedagógica, lo cual requiere que la planificación de las tareas también incluya el proceso evaluativo. Plantea que, una vez construida una visión compartida en torno a la evaluación, se deben entregar directrices claras sobre la aplicación de las nuevas prácticas de evaluación formativa, trabajando articuladamente con las propuestas de evaluación sumativa y el sistema de calificaciones.
“El informe es relevante porque aborda la evaluación formativa desde una perspectiva sistémica entregando también recomendaciones a nivel de equipo directivo y de política para asegurar condiciones y estructuras que permitan a los docentes desarrollar este tipo de evaluación”, afirma Beatriz Fernández.
Finalmente, el informe también entrega orientaciones para la evaluación de aula, poniendo en el centro la función formativa de la evaluación, es decir, aquella que se preocupa de favorecer la progresión de los aprendizajes de niños, niñas y jóvenes en su diversidad, a partir de criterios claros formulados por la comunidad educativa y de una retroalimentación permanente, con foco en la trayectoria particular de cada estudiante.
“Es muy importante entender que un cambio en materia de evaluación no puede sólo sostenerse en la voluntad de los profesores, se deben generar condiciones de posibilidad para que los docentes puedan realizar este tipo de evaluaciones", dice Beatriz Fernández.
Promoción automática
Asimismo, los/as autores/as del reporte sugieren retomar la discusión sobre promoción automática, ubicando en el centro del debate la opinión de las comunidades escolares. “En esta discusión debe tener presente que la Ley de Inclusión resguarda el acceso a educación y que ningún estudiante debería repetir porque no pudo acceder a la educación remota de emergencia por motivos ajenos a su voluntad. En el caso de los/as estudiantes que no logren los aprendizajes mínimos, los establecimientos podrán generar planes remediales de aprendizajes. La promoción automática en contextos de emergencia es una forma de hacernos responsables del bienestar y aprendizaje de cada estudiante”, cita el informe.
“La promoción automática permite enfocarse en el aprendizaje de las y los estudiantes y atender a sus condiciones desfavorables. Es un desafío para el sistema, pero no debiese castigarse a los estudiantes por un problema que es generalizado”, dice Patricia Guerrero, académica de la Facultad de Educación UC.
Agrega que “la investigación de factores asociados muestra que los niños que repiten no aprenden más que los que son promovidos. Lo importante es tener buenos diagnósticos y un diseño universal de aprendizaje que permita que los estudiantes logren los aprendizajes del currículo, no hacer la vista gorda porque ya pasó de curso”.
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