Seminario abordó la educación como derecho en pandemia y en personas privadas de libertad

El seminario online contó con la participación de Beatrice Ávalos, profesora del IE e investigadora del CIAE; de Javier González, director de SUMMA; y Cristian Araya, director del Liceo Herbert Vargas del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur.

La educación como derecho humano en Chile, los nudos críticos del derecho a la educación considerando la actual Constitución, la situación de las personas privadas de libertad y los desafíos derivados de la crisis sanitaria por el COVID-19. Estos fueron algunos de los temas tratados en el tercer conversatorio del ciclo "La Educación que Soñamos para Chile", que el CIAE y el IE de la Universidad de Chile organizaron con ocasión del proceso constituyente en Chile.

El conversatorio contó con la participación de Beatrice Ávalos, profesora titular del IE e investigadora del CIAE, ambos de la U. de Chile, y Premio Nacional de Educación; de Javier González, director de SUMMA y profesor afiliado del Centre of Development Studies, University of Cambridge; y de Cristian Araya, director del Liceo Herbert Vargas del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur y magister en gestión educacional de la UMCE.

En su exposición, la académica Beatrice Ávalos explicó la importancia del derecho a la educación como derecho humano y los desafíos que significa la pandemia para su implementación. “A raíz del confinamiento los estudiantes de todo el mundo están viendo disminuido su derecho a la educación, con un impacto mucho mayor para los grupos más desaventajados.  Y uno de los problemas es que un número grande de estudiantes dicen que no está aprendiendo y ese es el primer paso a la deserción escolar.  ¿Cuánto tiempo van a durar estos efectos? Según un documento de la ONU, más allá de una generación, podemos tratar de disminuirlos y ese es el gran desafío”.

En ese sentido, Ávalos resumió en 4 los objetivos prioritarios para dar cumplimiento cabal a ese derecho, que deben estar reflejados en la Constitución. El primero es restaurar la enseñanza presencial, lo que, según la académica, sólo puede darse a través de un modelo híbrido, considerando la pandemia. Otro de los elementos centrales, añadió, es recuperar la pérdida de aprendizajes, atendiendo a la condición socioemocional de los estudiantes; así como monitorear las situaciones de deserción y traer de vuelta a los estudiantes que se estén alejando. El cuarto punto, añadió, es valorar la profesión docente y estimular el desarrollo profesional colaborativo.

Por su parte, el director de SUMMA, Javier González, expuso sobre los nudos críticos de la Constitución en Chile, presentando los principales resultados del documento titulado Constituyamos Otra Educación, elaborado por SUMMA, la Iniciativa Global para los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y Right to Education Initiative.

La presentación del especialista se concentró en tres clúster o grupos de problemas referidos a con la educación en la Constitución: el derecho a la educación, el rol del Estado y la libertad de enseñanza.

En cuanto al derecho a la educación, González explicó que éste no puede ser exigible como sí puede ser exigible el derecho a la propiedad. “Otro tema es como definimos el derecho a la educación, que tiene 4 dimensiones: provisión, acceso sin discriminación, la calidad y la adaptación, algo que tiene que ver con el reconocimiento, por ejemplo, a las minorías étnicas. El único derecho que está en la Constitución chilena es la provisión”, aclaró González.

El director del Liceo Herbert Vargas del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, Cristian Araya, expuso sobre el derecho a la educación para personas privadas de libertad. El liceo brinda educación de forma regular a estudiantes que han optado al beneficio de estudiar y tiene 850 estudiantes de educación básica y media y de adultos, de entre 18 y 70 años de edad.

“La educación es un derecho humano fundamental, es un derecho habilitante para niños, jóvenes y adultos que puedan salir de la pobreza y participar de la sociedad. A pesar de eso no se han consolidado procesos que permitan cumplir esos principios. Un caso es la educación de adultos privados de libertad. El sistema no logró mantenerlos y finalmente los expulsó. La educación de adultos intenta subsanar esas fallas. Pero, por ejemplo, hasta el día de hoy no se han realizado las adecuaciones curriculares que la ley establece para la educación de adultos”, indicó Cristian Araya.

En ese contexto, explicó que su liceo ha buscado potenciar el acceso a la educación a través de cuatro pilares: trabajo colaborativo; mirada multidisciplinaria; protagonismo de los estudiantes; y rol de las artes.

 

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